VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no compensará a la concesionaria del polideportivo municipal de la Rambleta por el impacto de las restricciones sanitarias aprobado tras el estallido de la covid-19 entre el verano de 2020 y el de 2022, que la empresa había cifrado en casi un millón de euros (910.000 euros aproximadamente). El gobierno municipal ha rechazado la solicitud efectuada por la compañía.
Así consta en el acuerdo del pasado viernes de la Junta de Gobierno local, cuya concejalía de Deportes dirige Rocío Gil, donde se especifica que la empresa -Valencia Rambleta Servicios Deportivos- ya cobró cerca de 177.000 euros aproximadamente por el impacto económico que había tenido el cierre obligatorio de las instalaciones entre marzo y junio de 2020, debido al confinamiento aprobado por el Gobierno central para atajar la crisis sanitaria.
Sin embargo, la compañía sostiene que las diferentes restricciones aprobadas por el Ejecutivo central, la Generallitat Valenciana y el Ayuntamiento en la época post-pandemia en las diferentes fases por las que se atravesó en función de la penetración del virus en la población también tuvieron impacto en el normal funcionamiento del polideportivo, lo cual supuso un "perjuicio económico" durante los mencionados dos años y por ello, reclamaba al Ayuntamiento el reequilibrio económico del contrato.
Se refiere la empresa a las decisiones adoptadas por las administraciones como el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros, la clausura temporal de las instalaciones deportivas y el control para evitar aglomeraciones, la adopción de medidas de higiene especiales y las limitaciones de aforo posteriores al 75% en las piscinas y centros deportivos. La empresa cifraba la diferencia de beneficios total durante ese tiempo (en comparación con los datos pre-pandemia) en 910.213 euros, que es lo que reclamaba al Ayuntamiento.
Sin embargo, el servicio económico presupuestario del Ayuntamiento considera que "no se acredita" que se haya producido la ruptura del equilibrio económico del contrato, que la empresa gestiona desde 2014 para un plazo de 25 años (hasta 2039). Y en ese sentido, el plazo de la concesión es, según los funcionarios, "dilatado y susceptible de compensar unos resultados negativos puntuales (de escasa consideración)".
Asimismo, los técnicos rechazan la fórmula de cálculo empleada por la compañía para el beneficio que no se llegó a obtener debido a las restricciones, y señala que la mayor parte de la facturación es con empresas de su mismo grupo, "lo que pone en cuestión los resultados reales y déficit que se pretende acreditar". E incluso si se acreditara, la concesionaria "no da diferentes alternativas para un equilibrio, limitándose a exigir una indemnización pecunaria", insiste el servicio municipal. A lo que se suma que, a juicio del Ayuntamiento, la cantidad reclamada "entra dentro del principio de riesgo y ventura" del contrato.
Así pues, el gobierno municipal acordó el pasado viernes desestimar la solicitud de los 910.000 euros "por los daños sufridos" a consecuencia de las restricciones sanitarias tras el estallido de la covid.
