Y las conclusiones de la Abogacía fueron claras: Paisaje se estaba extralimitado en sus competencias, exigiendo en muchos casos informes y documentación a los promotores que no eran necesarios. Pero, también, emitiendo informes sobre compatibilidad urbanística que no eran de su competencia, sino municipal.
Con esos criterios, Territorio elaboró una instrucción en la que se recogían esas pautas del informe de los letrados de la Administración valenciana para clarificar y dejar claro las disposiciones a considerar en la tramitación de los proyectos. Todo ello con el fin de evitar la parálisis y el bloqueo que había hasta ahora.
Nuevos informes favorables "en las próximas semanas"
"La Generalitat se marcó el compromiso firme de avanzar en la implantación de proyectos de energía renovable en la Comunitat y una buena muestra de la celeridad y eficacia con la que se avanza para cumplir son estos casi 430 MW, que se irán incrementando de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas", resaltan desde Territorio, tras dar luz verde a estos 25 expedientes que ahora pasan a Economía.
Y es que el tiempo apremia para que los proyectos lleguen al próximo 25 de enero de 2023, cuando el Ministerio de Transición Ecológica concederá la declaración de impacto ambiental (DIA) para que los expedientes sigan adelante. Si no se llega a esa fecha, pese a que cuenten con autorización administrativa, automáticamente se quedarán fuera, perdiendo los puntos de conexión a la red y el aval depositado.
Hasta hace una semana había 63 expedientes bloqueados en la Generalitat, con una potencia total de 2.250 MW, y que se juegan la DIA el próximo 25 de enero de 2023. Pero no son los únicos. Según la patronal Avaesen, aunque de los cerca de 400 proyectos que hay en tramitación en las diferentes consellerias involucradas -Medio Ambiente, Territorio y Economía-, un centenar requerirán el próximo 25 de enero esa declaración medioambiental favorable del Ministerio, pero otros 300 también precisarán de un certificado autonómico para seguir adelante el proceso.
De no llegar con la tramitación autonómica cerrada en enero, hay en juego 7.000 millones de euros y la viabilidad de 160 empresas, que pueden acabar en la quiebra, advierten desde la patronal, que urge a la aceleración del proceso.
Además, la Administración también se enfrentaría a posibles demandas millonarias por responsabilidad patrimonial por parte de los promotores. Por ello, desde la Generalitat se está buscando poner fin a una obstrucción que ha llevado a generar incluso luchas internas dentro del propio Botànic.