Acció Ecologista-Agró pide que se declare caducada la autorización de talas forestales en Enguera

VALÈNCIA. Acció Ecologista Agró pide en el Ayuntamiento de Enguera y en la Generalitat que se declare caducada la concesión de tala en el municipio, que se investiguen a fondo las irregularidades y que se sancione a los responsables para que así se los obligue a corregir los daños efectuados, como dictan las normativas forestales.

Miembros de Acció Ecologista Agró han podido comprobar sobre el terreno, acompañados por otros expertos y conservacionistas, que las talas por obtención de biomasa que el Ayuntamiento de Enguera promueve en tres Montes de Utilidad Pública (MUP) de su término, han estado efectuándose con incumplimientos del Pliego de condiciones que la Conselleria ha marcado por su realización, como habían alertado ya diferentes vecinos del municipio los últimos días de 2023.

Un proyecto polémico

Las talas son continuación de un Proyecto “polémico y conflictivo” que fue aprobado el 2013 y que los ecologistas y diferentes científicos y expertos en materia forestal consideran que son “desmesuradas, injustificadas, perjudiciales por los intereses de sus propietarios legítimos”, es decir, los vecinos del municipio y que han tenido impactos ambientales destacados. Estas talas ya fueron paralizadas en 2016 por incumplimientos graves del pliego de condiciones, pero el Ayuntamiento –gobernado por el PP– ha intentado retomarlas en diferentes momentos. Las zonas afectadas son MUP y la ley forestal marca que tienen que ser mejoradas y conservadas por sus valores ecológicos y dedicarse prioritariamente a funciones ambientales y sociales. Además, en gran parte de su extensión, forman parte de la Red Natura 2000 europea y, por lo tanto, se reconocen valores ambientales destacados.

La pretensión del gobierno municipal es completar una tala de unas 16.000 toneladas de madera para triturarlas y emplearlas como “pélets” para alimentar calderas de calefacción. Esta actuación equivaldría a cortar unos 80.000 pinos de tamaño medio que se valoran a menos de un euro cada uno. Informes oficiales de la Consellería de Agricultura del 2011 afirman que los restos de actividades agrícolas, que actualmente no se aprovechan y se queman, y que originan, por cierto, muchos incendios forestales, aportarían una cantidad muy superior de biomasa del que se puede conseguir del bosque y, además, su obtención es más fácil y con menos costes económicos. El Plan Local de Prevención de Incendios (PLPIF), elaborado por el mismo Ayuntamiento y aprobado en 2021, manifiesta con total claridad que las quemas agrícolas en el término de Enguera, en el periodo anterior de 20 años, originaron el 96% de las extensiones quemadas. Sorprendentemente, este Plan no prevé ninguna actuación para ofrecer una alternativa para triturar y aprovechar los restos agrícolas, en lugar de quemarlas. Una opción “viable técnicamente y que resulta fácil de organizar, con costes muy bajos”.

“Si las talas continúan, los vecinos de Enguera, verán cómo se degrada su bosque y su paisaje y, por lo tanto, disminuye el valor de su capital natural, sin recibir ningún beneficio económico de la venta –mejor dicho "regalo"– de sus árboles”, explican desde la asociación. La empresa sevillana que ganó la adjudicación del aprovechamiento de la madera en 2022 pagará "en especie" efectuando unos supuestos trabajos de mejora, lo que no consta en ningún escrito, situación que llevó a AE-Agró a denunciar el hecho a los tribunales, que aún pendiente no ha tenido resolución.

Sin que se haya dado a conocer los motivos del retraso, las talas no empezaron hasta finales del 2023, en octubre, mientras que el contrato marcaba como fecha el 31 de diciembre de ese año como final de la explotación. Por este motivo, Agró pide que se declare oficial y legalmente caducada la autorización, "aunque todo apunta que la empresa piensa continuar, puesto que ha estado cortando muy recientemente y tiene maquinaria todavía en las zonas afectadas, con muchos árboles sin extraer del bosque", declaran.

Incumplimientos

Agró ha podido constatar, además, que, como ya ocurrió en 2015-16, la nueva empresa también incumple diferentes condicionantes del pliego que regula las talas. Entre estos incumplimientos, que pueden originar sanciones y la rescisión del contrato, se encuentra el hecho que los árboles a abatir no han sido señalizados de ninguna forma, para diferenciarlos de los que se tienen que preservar y facilitar la inspección. 

También hay que considerar que son muy abundantes los árboles cortados que no presentan las características que el pliego dice que tendrían que ser preferentes. "Hemos podido constatar que abundan los árboles sanos y rectos, y de buen tamaño, en las pilas de pinos acumulados. Son abundantes los de diámetro superior a los 30 cm (llegando a los 40 o 50 de diámetro), y que corresponderían a árboles de 30-40 años o más, como hemos podido mesurar y constatar. Los preferentes tendrían que ser aquellos que no tienen futuro". 

A su vez añaden: "Las vías de extracción no solo no aparecen muy determinadas y marcadas, sino que se multiplican de manera desordenada en la zona afectada y parecen abrirse sobre la marcha, sin ninguna planificación".